Del despotismo ilustrado al racismo ilustrado: la gran contradicción de la educación contemporánea

Desde mis primeros años en el ámbito educativo, cuando comenzaba a reflexionar sobre las profundas brechas de nuestro sistema, la educación peruana ha experimentado una transformación superficialmente profunda. Hemos pasado de una escuela centrada en la memorización a un modelo que declara poner en el centro el desarrollo de competencias. Los documentos curriculares y las conversaciones pedagógicas giran alrededor de conceptos como pensamiento crítico, autonomía y ciudadanía. En teoría, el cambio representa un avance; después de todo, vivimos en una época donde el acceso a la información es ilimitado. La escuela, nos dicen, debe preparar personas capaces de analizar, interpretar y actuar en contextos complejos. 

Durante once años, la escuela insiste en que lo importante es aprender a pensar y resolver problemas. Sin embargo, al finalizar la Educación Básica, el futuro de muchos jóvenes queda supeditado a mecanismos de selección que ignoran esas competencias fundamentales. Estamos ante un sistema que, lejos de ser un espacio de formación integral, parece estar permanentemente divorciado de la realidad social y, sobre todo, profundamente desconectado de la vida universitaria y el desarrollo humano. Esta paradoja nos obliga a preguntar: ¿estamos formando ciudadanos para el bien común o simplemente preparando individuos para competir en una estructura que los fragmenta? 

Construyendo interpretaciones históricas

En la historia moderna existe un concepto conocido como despotismo ilustrado. Durante el siglo XVIII, varios monarcas europeos adoptaron ideas asociadas a la Ilustración. Promovieron reformas educativas, científicas y administrativas. Impulsaron el progreso y la racionalidad. Sin embargo, mantuvieron intacto el núcleo de su poder político. Su lema era simple y revelador: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. La población podía beneficiarse de ciertas reformas, pero no participar realmente en las decisiones fundamentales. Hoy podríamos estar observando una lógica similar en otros ámbitos.

Vivimos en sociedades que celebran la inclusión, pero es una inclusión a menudo limitada a la verbalización o la escritura; el sistema político y educativo es, en muchos sentidos, un obstáculo para que esta se ejerza en plenitud. Todo parte de las políticas de un gobierno que, lejos de democratizar las oportunidades, perpetúa estructuras que impiden la equidad real. En mi opinión las desigualdades persisten porque las formas contemporáneas de exclusión se han sofisticado. Lo que hoy llamo “racismo ilustrado” —una herencia colonial que se ha disfrazado de meritocracia— justifica el desprecio hacia grupos sociales basándose en su origen, su forma de hablar o su condición económica. Estas jerarquías, que muchos consideran "clases instruidas", han existido siempre; se han adaptado, pero no han desaparecido, y es evidente que tomará años de lucha y cambio profundo para erradicarlas. 

A primera vista, expresiones como: "¿Qué puede enseñarnos si ni siquiera saben hablar correctamente?", "El país no puede quedar en manos de gente sin preparación.", "La gente del campo no entiende cómo funciona la economía.", "Necesitamos alguien con educación.", "Así eligen porque son ignorantes.", "Por eso el país no progresa.", "No están listos para tomar decisiones tan importantes."  parecen referirse únicamente a la educación, la capacidad técnica o el conocimiento. Sin embargo, con frecuencia esconden algo más profundo: una descalificación de grupos sociales enteros en función de su origen, su forma de hablar, su lugar de residencia, su nivel económico o su identidad cultural. 

La reciente historia política de diversas democracias ofrece ejemplos preocupantes. En distintos países observamos el resurgimiento de discursos nacionalistas, xenófobos y excluyentes. Lo llamativo es que estos fenómenos no aparecen necesariamente en sociedades con bajos niveles educativos. Muchas veces emergen precisamente en contextos altamente “educados” y tecnológicamente avanzados.

Durante décadas se asumió que una mayor educación conduciría automáticamente a sociedades más tolerantes y democráticas. Sin embargo, la evidencia demuestra que el acceso a la educación, por sí solo, no elimina los prejuicios. Una persona puede poseer títulos universitarios, dominar tecnologías complejas y aún así mantener visiones profundamente excluyentes sobre quienes considera diferentes. Sin duda, la educación puede desarrollar habilidades cognitivas sofisticadas sin necesariamente fortalecer la empatía, la conciencia histórica o el compromiso con la dignidad humana. lo cual nos conduce a la siguiente pregunta.

Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Educación Básica Regular?

Durante años hemos discutido qué competencias deben enseñarse, cómo evaluarlas y qué instrumentos utilizar para medirlas. Pero tal vez la cuestión central no sea cuáles son las competencias más importantes, sino para qué las desarrollamos. Si la finalidad de la educación consiste únicamente en producir individuos competitivos, entonces bastará con perfeccionar mecanismos de selección cada vez más eficientes. Pero si la finalidad de la educación es construir una sociedad más justa, democrática y humana, entonces la discusión adquiere otra dimensión. En ese escenario, el pensamiento crítico deja de ser una habilidad académica para convertirse en una herramienta de emancipación, la ciudadanía deja de ser una competencia curricular para transformarse en una práctica cotidiana, la comunicación deja de ser una capacidad evaluable para convertirse en un puente hacia la comprensión del otro, y la educación deja de ser un mecanismo de clasificación para convertirse en una oportunidad de transformación social.

Sin duda el problema no son las competencias en sí mismas, sino que estas terminan subordinadas a una lógica de selección social, alejándonos del horizonte planteado por el Proyecto Educativo Nacional al 2036: la construcción de una "Ciudadanía del bien común". 

Mientras la escuela enseña que todas las personas tienen igual dignidad, la sociedad continúa enviando mensajes opuestos. Un estudiante aprende en clase sobre interculturalidad, pero observa cómo se ridiculiza el acento andino entre sus compañeros, aprende sobre igualdad de oportunidades, pero escucha que ciertos apellidos, colegios o distritos abren puertas que otros jamás podrán abrir, estudia ciudadanía democrática, pero presencia campañas electorales donde millones de peruanos son descalificados por su elección, su nivel educativo o su condición económica. La escuela intenta enseñar inclusión, mientras la sociedad sigue premiando exclusión. Y en ocasiones, la propia escuela (y la misma familia) reproduce aquello que dice combatir. Cuando esto sucede, la escuela corre el riesgo de convertirse en una institución que certifica diferencias en lugar de cuestionarlas. Porque una persona puede ser altamente competente y utilizar su conocimiento para justificar privilegios, puede ser extraordinariamente eficiente y al mismo tiempo profundamente intolerante; puede poseer pensamiento crítico para cuestionar ideas ajenas, pero carecer de la honestidad intelectual necesaria para cuestionar sus propios prejuicios. 

La competencia prohibida

Hace unos años vi y reflexioné sobre un documental llamado “La educación Prohibida” una producción que cuestiona los fundamentos de la escuela tradicional y analiza si el modelo educativo heredado de los siglos XVIII y XIX responde realmente a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Recordar esto me lleva a pensar en que si la escuela afirma formar personas libres, críticas y capaces de transformar la sociedad, ¿por qué seguimos reproduciendo prejuicios, jerarquías sociales y mecanismos de exclusión que parecen incompatibles con esos ideales? 

Si tuviéramos que identificar una competencia esencial para enfrentar el racismo ilustrado, probablemente no sería una competencia técnica. Sería una competencia ética. con la capacidad de reconocer la humanidad del otro, de convivir con personas distintas, de cuestionar privilegios heredados, de escuchar sin despreciar y de disentir sin deshumanizar. Paradójicamente, estas son habilidades que difícilmente aparecen en rankings, pruebas estandarizadas o exámenes de admisión. Sin embargo, son las que determinan la calidad moral de una democracia.

El conflicto cognitivo

La pregunta que debemos hacernos hoy no es si nuestros estudiantes son más competentes, sino si están ayudando a construir una sociedad más justa. Si tras años de escolaridad persiste el desprecio por el otro, sus orígenes, sus ideologías y sus preferencias entonces hemos fallado en nuestro propósito. Una sociedad puede estar muy instruida y tecnificada, pero si no logra reconocerse como una comunidad de iguales en derechos y deberes, carece de lo fundamental: la capacidad de habitar el bien común.