Inteligencia artificial, agua y poder: lo que no se dice sobre los centros de datos en Perú

En noviembre del 2024 escribí un artículo que hablaba de cómo el avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial ha posicionado a esta tecnología como una fuerza revolucionaria en la educación y el trabajo, prometiendo una era de eficiencia sin precedentes; y de que sin embargo, detrás de la inmediatez de herramientas como ChatGPT o Gemini, se oculta un costo ambiental crítico: el funcionamiento de los centros de datos, infraestructuras masivas que actúan como "soles incandescentes de información" y que demandan cantidades ingentes de energía y agua potable para su refrigeración.

En este contexto global de expansión tecnológica, el Perú se encuentra en una encrucijada determinante. Mientras medios oficiales perfilan al país como un destino estratégico y actor clave para la inversión en centros de datos en Latinoamérica, la realidad climática impone una advertencia severa. Actualmente, el Perú es uno de los países más vulnerables al estrés hídrico en la región, y se estima que para el año 2030, el 58% de su población vivirá en zonas con escasez de agua. Este escenario plantea un dilema ético y logístico fundamental para el desarrollo nacional: ¿Es posible alcanzar la excelencia tecnológica sin comprometer los recursos básicos de la población? A continuación, analizaremos  como un lugar, al sur de Lima, se está convirtiendo, casi sin que nos demos cuenta, en el laboratorio donde se ensaya el modelo de “progreso digital” que la industria de la inteligencia artificial quiere para el Perú: enormes centros de datos que prometen modernidad, empleo y competitividad, pero que crecen sin reglas claras, en un territorio costero vulnerable y con comunidades que no han sido realmente informadas ni consultadas.

Un hub de IA levantado en silencio

En el discurso empresarial, Lima aparece hoy como “hub tecnológico” y nodo estratégico para la infraestructura que necesita la IA generativa y otros servicios digitales de alto consumo computacional. Gtd Perú publicita su centro de datos como una instalación Tier III con 2.100 m² de sala blanca, capacidad para 960 racks y hasta 20 megavatios de potencia eléctrica, destacando su red regional y estándares de seguridad y disponibilidad para grandes clientes corporativos. Cirion, por su parte, presenta su data center LIM2 como un centro con más de 20 MW de capacidad, “nativo para entornos de IA” y preparado para sistemas de refrigeración líquida, orientado tanto a empresas locales como a megaproyectos de hiperescala global.

La narrativa es seductora: se habla de “ecosistema digital”, “sostenibilidad” y “uso creciente de fuentes renovables” como si la mera mención de esos términos bastara para disipar cualquier duda sobre el impacto real de estas infraestructuras. En entrevistas recogidas por el diario Gestión, Cirion enfatiza que sus nuevos centros de datos en Perú y Chile  son “de nueva generación” y diseñados específicamente para cargas de IA, admitiendo también que esta tecnología “exige un alto consumo de energía” y que la apuesta apunta a convertirlos en hubs de contenido digital para la región.

Lo que casi no aparece en esos discursos es la dimensión territorial y social de esa apuesta: ¿qué significa instalar infraestructuras de 20 MW que operan 24/7 en un distrito costero con más de 110 mil habitantes, con estrés hídrico creciente y servicios públicos ya presionados por el crecimiento urbano? Que la discusión pública se concentre en cuántos racks habrá, cuánta inversión llega o cuán rápido crecerá el mercado, y no en quién paga los costos ambientales y sociales, es ya un síntoma preocupante de cómo se está definiendo el futuro digital del país.

Crecimiento sin reglas claras

Fuentes como LP Derecho y LaEncerrona.pe  coinciden en un diagnóstico incómodo: la industria de centros de datos en el Perú crece prácticamente en un vacío normativo específico. El capítulo peruano de la investigación internacional Dirty Data, difundido por LaEncerrona.pe, muestra que en el país no existe un reglamento ambiental propio para estos centros, a pesar de que operan 24 horas al día con un consumo intensivo de energía y recursos hídricos. Por otra parte, una nota de LP Derecho, basada en la misma investigación, subraya que el desarrollo de esta industria se impulsa con apoyo de un gremio privado creado en 2025, pero sin que el Estado haya definido lineamientos técnicos o un plan nacional de data centers. Lo más grave es que el propio Estado admite su desconocimiento. El Ministerio del Ambiente señala no tener información sobre la elaboración de un “Plan Nacional de Data Centers” ni sobre revisiones técnicas vinculadas a esta infraestructura. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM reconoce que no ha diseñado ni formulado política específica para la operatividad de estos centros, a pesar de ser la oficina llamada a articularse con la Asociación Peruana de Data Center. En paralelo, entidades como la Autoridad Nacional del Agua, el OEFA, Senace y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones responden que no cuentan con datos sobre autorizaciones, estudios de impacto ambiental o supervisiones vinculadas a centros de datos.

Si el propio Estado confiesa que no sabe cuántos centros de datos están operando, qué recursos usan y bajo qué criterios se aprobaron sus proyectos, ¿sobre qué base se está construyendo el relato de que el Perú será un “hub digital” de la región? La pregunta no es técnica, sino política: ¿quién decidió que el país debía asumir el rol de proveedor de infraestructura para la IA global sin un debate amplio sobre los límites ambientales y sociales aceptables?

Agua, energía y una opacidad estructural

La discusión sobre centros de datos suele quedar atrapada en cifras macroeconómicas y promesas de competitividad, pero los reportajes antes mencionados nos obligan a mirar el lado físico y material de esta industria: agua, electricidad, suelo, ruido, calor. Según datos recopilados a partir de pedidos de acceso a la información, la Autoridad Nacional del Agua no cuenta con registros de permisos otorgados específicamente a empresas de centros de datos para el uso de recursos hídricos, a pesar de que estas instalaciones requieren 

sistemas de enfriamiento intensivos. El OEFA, por su parte, indica que esta actividad ni siquiera figura dentro de las categorías bajo su competencia.

Mientras tanto, en sus portales institucionales, empresas como Gtd Perú destacan certificaciones ISO, topologías eléctricas redundantes y promesas de eficiencia, pero no publican información verificable sobre el consumo de agua o de energía asociado al funcionamiento diario de sus centros. Está documentado que, en el caso de su data center en el sur de Lima, la empresa nunca informó de manera pública cuántos recursos hídricos emplea, aunque sí respondió posteriormente con una carta notarial asegurando que su sistema de climatización no utiliza agua de la red de Sedapal ni subterránea, sino refrigerante en circuito cerrado. Ante esto, la pregunta es obvia: si el modelo es tan sostenible como se proclama, ¿por qué la información sobre consumos y huellas ambientales no está disponible de forma clara, auditada y de fácil acceso para la ciudadanía y la academia? En un contexto de crisis climática, afirmar que “no existe tal cosa como un centro de datos sostenible”, como advierte Julia Catão Dias, del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor,  no es una provocación gratuita, sino un recordatorio de que siempre habrá costos materiales que deben ser asumidos y regulados. Fingir lo contrario, o esconder los datos, sólo agrava la desconfianza.

El gremio y el discurso del “hub digital”

Otro elemento inquietante es el papel del gremio empresarial que se ha constituido para representar a la industria de centros de datos en el Perú. La fuente de este artículo detalla que la Asociación Peruana de Data Center fue creada en 2025 con la misión de actuar como nexo con “cualquier nivel de gobierno” para impulsar el crecimiento del sector y posicionar al país como “hub digital regional”. En su acta de constitución, el gremio incluso menciona la publicación futura de una “guía de buenas prácticas ambientales”, pero al momento del reportaje, en marzo de este año, no había avances efectivos en ese sentido.

En una presentación en el Colegio de Ingenieros, el presidente de la Asociación sostuvo que se ha “satanizado” a los centros de datos y que existirían otras actividades más dañinas para la ecología que no reciben tanta crítica. El argumento, conocido en otros debates extractivos, busca desplazar la atención: en lugar de discutir los impactos reales y específicos de estos proyectos, se invita a compararlos con “algo peor” para relativizar su responsabilidad. Como advierte la especialista Lucía Camacho, de la ONG Derechos Digitales, la región se vuelve atractiva porque los gobiernos están dispuestos a flexibilizar marcos legales y porque América Latina es rica en recursos críticos para la IA, como agua y electricidad. Camacho insiste en que las asociaciones empresariales no solo deberían hacer lobby, sino también fijar estándares de transparencia y advertir a las comunidades sobre los impactos de estas infraestructuras. Sin embargo, en el caso peruano, el gremio parece empeñado en acelerar la expansión del sector mientras el país continúa sin un marco regulatorio claro, sin mediciones públicas de impacto y sin procesos robustos de participación ciudadana. Si la voz más articulada en el debate proviene del sector privado, ¿quién habla entonces por las comunidades, por los usuarios del agua potable, por los 

contribuyentes que asumirán los costos de la infraestructura eléctrica requerida para mantener estos centros?

El territorio sacrificado

Para quienes recorremos Lurín, el cambio es evidente. Ya no es solo el distrito de los chicharrones de los fines de semana o el refugio tranquilo cerca al mar; hoy es un territorio en tensión. En apenas 20 minutos pasas del salitre de las playas al asfalto pesado de la urbanización industrial MacrOpolis. Ahí, donde el paisaje rural se pierde, se levanta el gigante de GTD Perú: una mole de 10 mil metros cuadrados que costó más de 50 millones de dólares. Es impresionante verlo, pero también genera una pregunta lógica mientras caminas por la zona: ¿Qué pasa realmente ahí adentro? Mientras ellos presumen de tener uno de los centros de datos más modernos del país, los vecinos sufren en carne propia y a diario:

• El ruido constante de los sistemas de enfriamiento.

• El calor que emiten estas infraestructuras.

• El tráfico pesado que ya satura nuestras vías.

• El consumo de servicios: ¿Cuánta de nuestra agua y luz se va para mantener vivos esos servidores?

  
  

La idea de "territorio sacrificado" suena fuerte, pero se siente real cuando ves el patrón. Eligen Lurín porque el suelo es más barato y la fiscalización local es, digamos, "flexible". Mientras tanto, Cirion ya dejó clara su apuesta con el LIM2: ese centro de datos no es para nosotros. Está diseñado para que empresas de gaming, nube y ciberseguridad de EE. UU., Europa y Asia procesen sus datos aquí. Al final del día, nos queda una sensación agridulce. Nos asignan el papel de "anfitriones de servidores" para que el mundo entrene su Inteligencia Artificial, pero lo hacemos a ciegas y sin ningún beneficio real:

1. Sin transparencia sobre el impacto ambiental.

2. Sin regulaciones claras que protejan el recurso hídrico del distrito.

3. Sin participación ciudadana real en estas decisiones.

   
   

Como bien dice la investigación Dirty Data, la expansión de la IA no es sólo tecnología; es una reconfiguración de nuestro espacio. No está bien que Lurín (o cualquier otro distrito) exporte sus recursos naturales y su tranquilidad a cambio de una promesa de modernización que solo beneficia a las grandes corporaciones, dejándonos a nosotros con el costo ecológico y el tráfico de cada día.

La ilusión de la IA “verde”

Las narrativas corporativas sobre sostenibilidad en centros de datos suelen apoyarse en tres pilares: certificaciones ISO, uso de energía “de origen renovable” y eficiencia en refrigeración. Gtd Perú, por ejemplo, subraya que su data center de Lurín usa energía de origen renovable convencional y que cuenta con sistemas de refrigeración de precisión para optimizar consumo y garantizar rendimiento. Cirion, por su lado, destaca prácticas de 

eficiencia energética, optimización del consumo y un “uso creciente” de fuentes renovables para reducir impactos ambientales y mejorar la imagen corporativa de sus clientes.

Sin embargo, como muestran nuestras fuentes, estas promesas operan en un vacío de verificabilidad pública: no hay indicadores ambientales obligatorios, ni reportes periódicos auditados que permitan contrastar el discurso con datos. La propia investigación internacional Dirty Data sugiere que, incluso en contextos donde se emplea energía renovable, la expansión descontrolada de centros de datos puede competir con otros usos prioritarios de agua y electricidad, especialmente en países con infraestructuras insuficientes o con desigualdad en el acceso a servicios básicos.

La ilusión de una IA “verde” descansa precisamente en esa opacidad: en creer que basta con etiquetar una operación como eficiente para que deje de ser problemática. Pero, como advirtió Julia Catão Dias, “no existe tal cosa como un centro de datos sostenible”; siempre habrá un consumo de agua y energía cuyos límites deben definirse en función del interés público y de los límites planetarios, no sólo de la rentabilidad y la demanda del mercado digital. En Lurín, esa discusión ni siquiera ha empezado formalmente.

Democracia digital y participación ausente

El hecho de que el Minam, la PCM, ANA, OEFA, Senace y el MTC hayan respondido, casi en coro, que no cuentan con regulaciones, datos o estudios específicos sobre centros de datos, revela algo que va más allá de la IA: la fragilidad de la gobernanza digital en el Perú. No se trata solo de una falta de normas técnicas, sino de una ausencia de visión política (tan usual por estas tierras) sobre qué tipo de infraestructura digital queremos, en qué territorios, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de vigilancia ciudadana. Las organizaciones de derechos digitales han insistido en que la expansión de la infraestructura para IA debe ir acompañada de procesos de participación que vayan más allá de los formalismos. Como sugiere Lucía Camacho, la gente tiene derecho a saber dónde se instalan estas infraestructuras que operan todo el día, qué recursos usarán y cuáles serán los impactos en su comunidad, para poder decidir si los beneficios prometidos justifican los costos. En Lurín, sin embargo, el despliegue de data centers parece haberse dado siguiendo la lógica clásica de “hechos consumados”: primero se construye, luego, si acaso, se discute.

En un país que aspira a regular la IA, empezar por ignorar el debate sobre los centros de datos es comenzar por el final de la película. No se puede hablar seriamente de ética algorítmica, derechos digitales o justicia en el uso de datos si, al mismo tiempo, se naturaliza que la infraestructura física que lo hace posible opere en la penumbra regulatoria y de espaldas a la ciudadanía.

¿Qué regular y desde dónde?

La situación de Lurín plantea preguntas incómodas pero necesarias para cualquier agenda de política pública sobre IA en el Perú. ¿Queremos que el país se consolide como un hub de infraestructura para la IA global? Si la respuesta es sí, ¿bajo qué condiciones mínimas? A la luz de los hallazgos, un primer paso sería establecer un marco regulatorio específico que incluya:

• Registro público obligatorio de centros de datos, con ubicación, capacidad instalada y tipo de servicios que ofrecen.

• Requisitos de estudios de impacto ambiental proporcionales a la escala de operación, considerando consumo de agua, energía y efectos locales en ruido, calor y tráfico.

• Transparencia periódica, auditada y de acceso libre sobre consumos de recursos, con metas de reducción y límites máximos razonables en zonas vulnerables.

• Mecanismos de participación efectiva de comunidades locales antes de la aprobación de nuevos proyectos, no solo como trámite, sino como condición sustantiva.

  
  

Pero regular no significa únicamente producir normas técnicas. Implica también redefinir el punto de partida del debate: dejar de asumir que todo crecimiento en infraestructura de IA es deseable por defecto y empezar a preguntarnos qué modelo de desarrollo digital queremos. ¿Queremos un país que compita bajando estándares ambientales y regalando estabilidad regulatoria al capital tecnológico, o uno que define límites claros, exige transparencia y pone en el centro a las personas y al territorio?

Lurín como espejo del futuro digital del Perú

Lurín, con sus centros de datos orientados a la IA, es mucho más que un caso local: es un espejo del tipo de modernidad que estamos aceptando. Las posturas están divididas. Por su parte el diario Gestión celebra la llegada de inversiones millonarias y de empresas globales que usarán el data center de Cirion como base para servicios de nube, gaming y ciberseguridad, mientras Gtd resalta su red latinoamericana de once data centers y su apuesta por el país. LP Derecho y LaEncerrona.pe, en cambio, nos recuerdan que este crecimiento ocurre sin regulación, sin datos ambientales públicos y con un Estado que parece ir varios pasos detrás de las decisiones empresariales. La pregunta de fondo no es si necesitamos centros de datos o si la IA debe desarrollarse en el Perú: ambas son realidades difíciles de negar en un mundo digitalizado. Lo que sí podemos cuestionar es el modo en que se están implantando estas infraestructuras, a quién benefician y qué costos están dispuestas nuestras instituciones a tolerar. Lurín no debería convertirse en territorio sacrificado en nombre de una “transformación digital” que nadie ha discutido en serio con sus habitantes.

Si algo deja claro la investigación Dirty Data y los reportajes recientes es que no basta con celebrar que el Perú entre al mapa latinoamericano de la IA. Lo urgente es decidir, democrática y colectivamente, bajo qué reglas queremos estar en ese mapa. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestros recursos, agua, energía, suelo, terminen alimentando modelos de inteligencia artificial que no necesariamente reducen nuestras brechas internas, pero que, aún a aese precio, consolidan nuestra posición periférica en la economía digital global. Y esa, al menos, es una conversación que ya no podemos seguir postergando.

Fuentes consultadas

Castro, A. (2026). La industria de los centros de datos en Perú crece sin regulación ni control ambiental. LaEncerrona.pe. https://laencerrona.pe/2026/03/11/la-industria-de-los-centros-de-datos-en-peru-crece-sin-regulacion-ni-control-ambiental/ 

Cirion Technologies. (s. f.). Lima Data Center (LIM2). Cirion. https://www.ciriontechnologies.com/es/data-center/nuestros-data-centers/lima-2/ 

Gtd Perú. (s. f.). Data Center Tier III: Lurín y Surco – Peru-Corporaciones. Gtd. https://www.gtdperu.com/soluciones/data-center-y-cloud/servicios-de-data-center-y-hosting/data-center 

LP Derecho. (2026). Centros de datos de IA usan agua 24 horas al día en Lurín: denuncian falta de regulación. LP Derecho. https://lpderecho.pe/centros-datos-ia-usan-agua-24-horas-dia-lurin-denuncian-falta-regulacion/ 

Gestión. (2025). Cirion activa data center en Lurín y apuesta por mercado con potencial de US$ 310 mlls. Diario Gestión. https://gestion.pe/economia/empresas/cirion-activa-data-center-en-lurin-y-apuesta-por-mercado-con-potencial-de-us-310-mlls-noticia/