¿Alumno, a lumen o alumnus?: Una pregunta más profunda que la etimología

Durante años se ha repetido que la palabra alumno significa «sin luz», como si derivara del prefijo privativo a- y del término latino lumen. La idea resulta poderosa: el estudiante llegaría a la escuela sin conocimiento y el docente tendría la misión de iluminarlo. Sin embargo, esa explicación es lingüísticamente incorrecta. La palabra alumno proviene del latín alumnus, vinculada con alere, que significa alimentar, nutrir o criar. 

El ensayo de Albert Antonio Colmenárez Molina, publicado en la Revista Electrónica REDINE, examina precisamente esta controversia. Su propósito es desmentir la interpretación de a lumen como «sin luz», calificada como una especulación sin fundamento, y recuperar el sentido positivo del término alumno. La investigación documental de Colmenárez sostiene que alumnus no se compone de a- privativo y lumen, sino que se relaciona con la raíz latina asociada a nutrir y criar. En su origen, el término se empleaba para referirse a niños o personas bajo cuidado y protección; con el tiempo, se extendió a quien recibe formación. En la misma línea, Carlos Arrizabalaga publicó en Castellano Actual, revista de la Universidad de Piura, el artículo «¿Alumnos sin luz?», dedicado a desmontar esta etimología popular. Por tanto, la primera precisión es clara: no existe una base etimológica sólida para afirmar que “alumno” significa “sin luz”. La palabra no nace de una carencia, sino de una relación de cuidado.

Esta corrección etimológica no cierra la discusión que plantea el título. Porque, más allá de lo que diga el origen de la palabra, cabe preguntarse si nuestros estudiantes actuales se encuentran, en la práctica, «sin luz»: sin orientación, sin referentes seguros, sin acompañamiento, sin límites claros y sin las condiciones necesarias para desarrollarse como personas. La violencia escolar, los recientes anuncios del Ministerio de Educación y las dificultades que enfrentan familias y docentes obligan a mirar más allá de las etiquetas y examinar el papel del Estado, de la escuela y de los padres como formadores. Sin embargo, la metáfora sigue siendo útil, aunque deba usarse con rigor. Si un alumno es, en su sentido originario, alguien que debe ser nutrido, entonces la pregunta educativa no es si el estudiante llega vacío o incompleto. La pregunta es si la estamos ofreciéndole aquello que necesita para crecer: protección, afecto, normas, ejemplo, acompañamiento, oportunidades y responsabilidad.

Lo que revela la violencia escolar

Los recientes acontecimientos y anuncios en torno a la violencia escolar muestran que el problema no puede reducirse a la indisciplina individual de algunos estudiantes. Cuando un colegio atraviesa situaciones de extorsión, amenazas, acoso, agresiones físicas o violencia sexual, está en juego algo más profundo: la capacidad de la escuela para constituirse en un espacio seguro.

El Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú anunciaron, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, el reforzamiento de la seguridad en colegios públicos mediante policías capacitados como promotores educativos, el uso del Mapa de Riesgo de la DRELM, la ampliación del Botón de Pánico y la aplicación del protocolo Escuela Segura. También se informó que más de 6,000 colegios cuentan con patrullaje policial y que más de 900 instituciones fueron capacitadas en seguridad escolar. 

Estas medidas reconocen una realidad preocupante: hay escuelas donde la seguridad se ha vuelto una condición previa para poder enseñar y aprender. La presencia policial, los mecanismos de alerta y los protocolos pueden ser necesarios frente a riesgos concretos. Pero no deberían convertirse en la única respuesta. Una escuela que solo responde con vigilancia puede reducir algunos riesgos inmediatos, pero no forma necesariamente la convivencia. La seguridad es indispensable, pero no basta. Si el estudiante solo aprende que debe comportarse porque hay cámaras, patrullas o sanciones, no está desarrollando necesariamente respeto, empatía ni responsabilidad.

Las nuevas medidas del Minedu

En setiembre de 2026, el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que se emitirán normas para fortalecer la autoridad de directores y docentes frente a la violencia escolar. Entre las medidas anunciadas figuran sanciones escalonadas según la gravedad de las faltas, la intervención de las autoridades escolares y, en casos graves, la posibilidad de separar temporalmente al estudiante de su institución, sin desconocer su derecho a continuar recibiendo educación. También se informó que el Minedu convocaría al Colegio de Psicólogos del Perú, a especialistas y a representantes de la comunidad educativa para participar en la elaboración de normas y medidas de prevención, atención y respuesta frente a la violencia escolar.

Estas medidas plantean una cuestión importante: la escuela necesita autoridad. No una autoridad arbitraria, autoritaria o basada en el miedo, sino una autoridad pedagógica capaz de establecer límites, proteger a los estudiantes y sostener las normas de convivencia. Cuando los docentes y directores no pueden intervenir con claridad ante una agresión, cuando las consecuencias son difusas o cuando la institución teme actuar, el mensaje que recibe el estudiante puede ser peligroso: que las faltas no tienen consecuencias y que la víctima debe resignarse. Al mismo tiempo, la sanción no puede ser el eje central de la formación. Separar a un estudiante agresor puede ser necesario para proteger a otros, pero no resuelve por sí solo las causas de su conducta. Si el estudiante que agrede es derivado a otra modalidad sin acompañamiento psicológico, familiar y pedagógico, el problema puede desplazarse en lugar de transformarse.

La autoridad escolar debe combinarse con prevención, escucha, orientación, reparación del daño y reconstrucción de vínculos. Una medida disciplinaria es formativa cuando ayuda al estudiante a comprender el efecto de su conducta, asumir responsabilidad y encontrar una vía para reintegrarse a la comunidad educativa.

Los padres: primeros formadores, no simples exigentes

La familia es el primer espacio de formación. Antes de que el estudiante ingrese al aula, ya ha recibido en el hogar mensajes sobre el respeto, la autoridad, el conflicto, el esfuerzo y la responsabilidad. Por eso, cuando se discute la violencia escolar, no se puede dejar a las familias fuera de la conversación.

Los padres forman cuando establecen rutinas, ponen límites, conversan con sus hijos, conocen con quiénes se relacionan, observan cambios de conducta y sostienen una comunicación abierta. También forman cuando no justifican automáticamente cualquier conducta de su hijo ni convierten cada conflicto escolar en una confrontación contra el docente o la institución. Sin embargo, tampoco es justo responsabilizar a todas las familias por igual. Muchos padres trabajan largas jornadas, enfrentan dificultades económicas, viven situaciones de violencia o carecen de herramientas para acompañar la crianza. La familia no debe ser tratada como una culpable abstracta, sino como un aliado que también necesita orientación, apoyo y espacios de diálogo.

La relación entre escuela y familia debe basarse en responsabilidades claras. La escuela debe informar oportunamente, comunicar sus expectativas y ofrecer mecanismos de atención. Las familias deben participar, acompañar y responder cuando la institución señala una situación que afecta la convivencia. Cuando los padres y la escuela se enfrentan, el estudiante recibe un mensaje confuso: que los adultos no comparten criterios y que puede negociar las normas según la conveniencia del momento. Cuando ambos actúan con coherencia, el estudiante encuentra una referencia estable: sabe que hay límites, que hay consecuencias y que también hay apoyo.

La escuela: un espacio de convivencia, no solo de asistencia

La escuela es el segundo gran formador. No porque reemplace a la familia, sino porque es el espacio donde los estudiantes conviven con otros, aprenden a resolver conflictos, reconocen diferencias, respetan normas y construyen su identidad en relación con los demás. Una escuela puede tener reglas escritas y, aun así, no formar convivencia. Puede exigir uniforme, puntualidad y orden, pero tolerar humillaciones, burlas, exclusión o agresiones encubiertas. Puede hablar de respeto y, al mismo tiempo, ignorar los conflictos hasta que se vuelven graves.

Formar no es solamente impedir conductas negativas. Es crear una cultura en la que el estudiante sepa que puede pedir ayuda, que será escuchado, que las diferencias no justifican la violencia y que equivocarse tiene consecuencias, pero también posibilidades de reparación. La escuela forma cuando el docente no es solo quien explica un contenido, sino quien modela trato respetuoso, firmeza y justicia. Forma cuando el director no administra únicamente conflictos, sino que sostiene un proyecto de convivencia. Forma cuando las normas no son percibidas como castigos arbitrarios, sino como acuerdos que protegen a todos.

Frente a la violencia escolar, la escuela debe evitar dos extremos. El primero es la permisividad: minimizar las agresiones, dilatar las respuestas o tratar todo como un conflicto entre iguales cuando hay asimetría, daño o abuso. El segundo es el punitivismo: creer que expulsar, sancionar o endurecer reglas resuelve automáticamente el problema. La vía formativa está entre ambos extremos: proteger con firmeza, sancionar con proporcionalidad y acompañar con responsabilidad.

El Estado: más que anuncios y protocolos

El Estado tiene una responsabilidad insustituible. Debe garantizar que las escuelas cuenten con condiciones mínimas de seguridad, con personal suficiente, con mecanismos de protección, con normas claras y con acompañamiento para las instituciones más vulnerables. Los anuncios recientes del Minedu apuntan en esa dirección al reforzar la seguridad escolar y anunciar normas para responder a la violencia. Sin embargo, la política educativa no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una tragedia o cuando un caso alcanza los medios. La prevención exige continuidad: presencia estable de orientadores y psicólogos, fortalecimiento de las instancias de convivencia, capacitación docente sostenida, articulación con servicios de salud y protección, y seguimiento real de los casos reportados. También exige coherencia. No se puede pedir a las escuelas que formen ciudadanos respetuosos y responsables si el entorno institucional les exige cumplir múltiples funciones sin recursos, sin tiempo y sin apoyo suficiente. La autoridad docente no se recupera solamente mediante una norma; se recupera cuando el Estado respalda a la escuela, protege al docente, dota a la institución de condiciones para actuar y no deja sola a la comunidad educativa frente a problemas complejos.

El Estado forma cuando protege. Forma cuando garantiza que un estudiante pueda asistir a clases sin miedo. Forma cuando asegura que un docente pueda ejercer su autoridad sin ser desautorizado o abandonado. Forma cuando convierte los discursos sobre convivencia en políticas sostenidas, con presupuesto, personal y seguimiento.

¿Qué significa que un estudiante esté «sin luz»?

Si usamos la metáfora con cuidado, un estudiante está «sin luz» cuando no cuenta con referentes que le permitan distinguir entre lo que daña y lo que construye; entre la libertad y la arbitrariedad; entre la firmeza y la violencia; entre la autonomía y la indiferencia.

Puede estar «sin luz» cuando la escuela no logra protegerlo. Cuando un caso de acoso se convierte en un trámite lento. Cuando la víctima siente que denunciar no cambia nada. Cuando el agresor no encuentra una intervención que lo ayude a comprender y modificar su conducta. Cuando la comunidad educativa normaliza el miedo. También puede estar «sin luz» cuando el hogar no ofrece acompañamiento. Cuando el estudiante no tiene con quién conversar, cuando sus emociones son ignoradas, cuando la violencia doméstica forma parte de su cotidianidad o cuando los adultos responsables están ausentes, sobrecargados o desbordados. Y puede estar «sin luz» cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas de protección. Cuando las políticas son reactivas, cuando los recursos no llegan a tiempo, cuando los protocolos existen en el papel pero no en la práctica cotidiana de cada institución.

La falta de luz, entonces, no es un atributo del estudiante. Es, con frecuencia, el resultado de ausencias adultas: del Estado que no protege lo suficiente, de la escuela que no logra sostener la convivencia y de la familia que no siempre puede acompañar.

La tentación de buscar culpables únicos

Frente a la violencia escolar, suele aparecer una tentación: buscar un culpable único. A veces se culpa a los estudiantes, como si fueran una generación inevitablemente violenta. Otras veces se culpa exclusivamente a los docentes, como si la convivencia dependiera solo de su gestión de aula. También se culpa a los padres, como si la escuela pudiera reemplazar todas las condiciones del hogar. 

Todas estas explicaciones son parciales. Los estudiantes son responsables de sus actos, y la escuela debe establecer consecuencias claras. Los docentes tienen una responsabilidad profesional central en la formación de la convivencia. Las familias tienen un rol insustituible en la crianza y el acompañamiento. Pero ninguna de esas responsabilidades elimina la del Estado. Un sistema educativo no puede descargar en los profesores problemas de seguridad, pobreza, desigualdad, violencia comunitaria o debilidad institucional. Tampoco puede pedir a las familias que resuelvan solas dificultades que requieren servicios públicos, protección y acompañamiento especializado.

La pregunta «¿quiénes son los culpables?» suele conducir a respuestas simplificadoras. Una pregunta más útil sería: «¿qué condiciones estamos creando —o dejando de crear— para que los estudiantes puedan crecer con orientación, seguridad y responsabilidad?»

Autoridad no es autoritarismo

Los anuncios del Minedu sobre el fortalecimiento de la autoridad escolar deben leerse con matices. Es razonable que los directores y docentes tengan facultades claras para intervenir ante faltas graves, proteger a los estudiantes y aplicar medidas proporcionales. Pero recuperar la autoridad no debería significar volver a una escuela basada en el miedo, la humillación o el castigo como principal herramienta pedagógica. La autoridad que forma no se impone mediante el abuso; se construye mediante coherencia, cercanía, justicia y ejemplo.

Un docente tiene autoridad cuando conoce a sus estudiantes, mantiene límites estables, escucha antes de decidir, aplica las normas con equidad y no confunde firmeza con dureza. Un director tiene autoridad cuando protege a su comunidad, actúa oportunamente y no deja que los casos de violencia se diluyan en la burocracia. La autoridad formativa tiene dos caras: exige y acompaña. Establece consecuencias, pero también ofrece posibilidades de cambio. No confunde la protección de las víctimas con la persecución de los agresores, ni la contención del conflicto con la indiferencia ante el dolor de quienes lo sufren.

La familia y la escuela: una alianza indispensable

Si el Estado debe proteger y la escuela debe formar, la familia debe acompañar. Esta triple responsabilidad no funciona si cada actor actúa aislado.

La escuela necesita familias que participen, que asistan a las convocatorias cuando corresponde, que conozcan las normas de convivencia y que colaboren en la atención de los casos. Las familias necesitan escuelas que comuniquen con claridad, que escuchen sin prejuzgar y que ofrezcan orientación antes de que los conflictos escalen. 

El Estado, por su parte, debe facilitar esa alianza. No basta con anunciar sanciones o mecanismos de seguridad; debe fortalecer los espacios de encuentro entre docentes, directores, familias y estudiantes. La convivencia se construye en la relación cotidiana, no solamente en los documentos normativos.

Cuando la escuela comunica a tiempo, la familia puede actuar. Cuando la familia responde, la escuela puede acompañar. Cuando el Estado respalda a ambos, la comunidad educativa tiene mayores posibilidades de proteger a sus estudiantes y de recuperar la confianza.

Una pregunta para docentes y padres

Más allá de la etimología, cada docente y cada padre podría hacerse una pregunta sencilla pero exigente: «¿qué luz estoy ofreciendo?»

Los docentes podemos preguntarnos si nuestros estudiantes encuentran en nosotros un referente de respeto, firmeza y justicia. Si sienten que pueden acercarse cuando tienen un problema. Si perciben que las normas se aplican con coherencia. Si la clase es un espacio donde se puede participar, equivocarse y aprender a convivir.

El padre o la madre puede preguntarse si su hijo o hija encuentra en el hogar un espacio de escucha, orientación y contención. Si conoce lo que ocurre en su vida escolar. Si recibe límites claros. Si percibe que sus adultos responsables están disponibles, aunque sea de manera limitada por el trabajo u otras circunstancias.

Ninguna de estas preguntas busca culpabilizar. Buscan recuperar la idea de que formar es una tarea activa. Los estudiantes no se forman solamente con discursos, reglamentos o campañas. Se forman en la experiencia cotidiana de ser tratados con respeto, protegidos ante el daño y llamados a responder por sus actos.

Conclusión: la pregunta que debemos hacernos

La pregunta sobre si nuestros estudiantes están «sin luz» sigue siendo válida si la entendemos como una pregunta sobre las condiciones de su formación. Y la respuesta no puede ser una generalización. No todos los estudiantes peruanos viven las mismas circunstancias, ni todas las escuelas enfrentan los mismos problemas, ni todas las familias disponen de los mismos recursos.

Lo que sí podemos afirmar es que la violencia escolar y las medidas anunciadas por el Minedu evidencian la urgencia de fortalecer la protección, la convivencia y la autoridad formativa en las instituciones educativas. El problema no está en que los estudiantes lleguen «sin luz». El problema estaría en que el Estado no garantice condiciones de seguridad, en que la escuela no logre sostener límites y cuidado, y en que las familias no encuentren apoyo ni espacios claros para acompañar a sus hijos. Un estudiante no necesita que los adultos aprendan por él ni que se le exima de toda responsabilidad. Necesita adultos que lo orienten, lo protejan, lo exijan y lo acompañen. Necesita una escuela donde la autoridad sea justa, una familia presente en la medida de sus posibilidades y un Estado que no deje la formación de la convivencia únicamente en manos del docente.

La verdadera pregunta, entonces, no es si debemos dejar de llamarlos alumnos o comenzar a llamarlos estudiantes. La pregunta es: si un niño o un adolescente no encuentra luz en el Estado, en la escuela ni en su hogar, «¿de quién es la responsabilidad encenderla?»

Fuentes consultadas:

Colmenárez Molina, A. A. (2018). ¿con o sin luz? reflexiones sobre la etimología de la palabra alumno. Revista Electrónica REDINE, 1(2), 62-86. https://revistas.uclave.org/index.php/redine/es/article/view/1307/606 

Arrizabalaga, C. (2024). ¿Alumnos sin luz? Castellano Actual. https://www.udep.edu.pe/castellanoactual/alumnos-sin-luz/

Ministerio de Educación. (2026). Minedu y PNP refuerzan seguridad de escolares con policías capacitados como promotores educativos. Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/1355841-minedu-y-pnp-refuerzan-seguridad-de-escolares-con-policias-capacitados-como-promotores-educativos 

Diario el Peruano. (2026). Minedu estudia expulsión de alumnos violentos y uso de celulares en colegios. https://elperuano.pe/noticia/305657-minedu-estudia-expulsion-de-alumnos-violentos-y-uso-de-celulares-en-colegios