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¿En qué momento se jodió el aula?

Foto del escritor: Frids Gonzales
Frids Gonzales
30 sept
13 min de lectura

Una reflexión a propósito del caso del Liceo Naval Almirante Guise


Hay preguntas que no buscan necesariamente una respuesta inmediata. Algunas sirven, más bien, para obligarnos a detenernos. En Conversación en La Catedral, Mario Vargas Llosa construyó alrededor de una de las preguntas más conocidas de la literatura peruana una interrogante sobre el país: ¿en qué momento se había jodido el Perú?

No pretendo trasladar mecánicamente aquella pregunta al terreno educativo. Pero después de lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, resulta inevitable formular una versión mucho más incómoda, sobretodo para quienes trabajamos en el sector educación: ¿En qué momento se jodió el aula? Y quizá la pregunta todavía sea demasiado cómoda. Porque podríamos preguntarnos también: ¿en qué momento dejamos de considerar que educar significa formar personas y empezamos a pensar que significa solamente enseñar contenidos, desarrollar competencias, preparar para la universidad y garantizar que los estudiantes estén satisfechos?

El caso del Liceo Naval debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía de Familia abrió una investigación preliminar por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. Diez adolescentes fueron inicialmente retenidos y, posteriormente, la Fiscalía solicitó internamiento preventivo por cuatro meses para seis de ellos. Esa medida, conviene recordarlo, es cautelar y no equivale a una declaración de culpabilidad. Pero mientras la justicia determina responsabilidades individuales, la educación debería hacerse otra pregunta: ¿Qué condiciones culturales, familiares, escolares y sociales permiten que adolescentes lleguen a situaciones como esta? Porque si reducimos todo a "diez estudiantes que hicieron algo terrible", quizá consigamos explicar un episodio, pero no comprenderemos el problema. Y la escuela necesita comprender el origen del problema.


El aula no termina en la puerta del salón

Durante los últimos años muchos padres “modernos” hemos hablado de la escuela como si fuera una especie de cápsula aislada de la sociedad. Cuando un adolescente agrede, culpamos a la escuela, cuando fracasa académicamente, culpamos al docente, cuando falta disciplina, culpamos al colegio, cuando utiliza excesivamente el celular, culpamos a la tecnología, cuando un estudiante no respeta límites, culpamos a la "nueva generación". Pero hay una pregunta que pocas veces hacemos con suficiente honestidad: ¿Qué está ocurriendo en casa? No para trasladar automáticamente la responsabilidad a los padres. Tampoco para convertir a la familia en el nuevo chivo expiatorio. La cuestión es otra: ¿Entendemos la educación como una responsabilidad compartida?

La respuesta debería ser evidente. Sin embargo, la práctica parece decir otra cosa. A las escuelas se les exige formar ciudadanos, desarrollar habilidades socioemocionales, prevenir el bullying, detectar violencia, enseñar educación sexual integral, desarrollar competencias digitales, atender la diversidad, acompañar emocionalmente, identificar riesgos, trabajar con las familias, mejorar resultados académicos y, en muchos casos, resolver problemas que comenzaron mucho antes de que el estudiante cruzara la puerta del colegio. 

¿Y la familia? A veces aparece solamente cuando hay una sanción o cuando una calificación baja, o cuando el estudiante considera injusta una decisión, o cuando la institución intenta establecer un límite. Y entonces aparece otra contradicción: Queremos adolescentes autónomos, pero muchas veces no queremos que asuman las consecuencias de sus decisiones; queremos estudiantes críticos, pero nos incomoda que cuestionen; queremos jóvenes seguros de sí mismos, pero confundimos autoestima con ausencia de límites; queremos que sean "despiertos". Y aquí está uno de los puntos que más deberíamos discutir.


"Mi hijo es despierto"

Hay una expresión que escuchamos con frecuencia a muchas jóvenes madres hinchando el pecho de orgullo: "Mi hijo es muy despierto." Y normalmente lo decimos como un elogio. El niño sabe utilizar el celular desde pequeño, entiende rápidamente las redes sociales, conoce determinadas expresiones que antes parecían propias de adultos, tiene acceso a contenidos sexuales mucho antes de que los adultos estemos preparados para conversar sobre ellos. Sabe negociar, sabe responder, sabe detectar debilidades, sabe utilizar la tecnología, sabe qué decir para conseguir lo que quiere y muchas veces confundimos todo eso con madurez. Pero estar expuesto a información no significa tener criterio para procesarla, tener acceso a contenidos adultos no convierte a un adolescente en adulto, conocer palabras sexuales no significa comprender la sexualidad, saber utilizar una red social no significa comprender las consecuencias de publicar, compartir o humillar, ser capaz de cuestionar una norma no significa comprender por qué existe, y ser "despierto" no equivale a ser emocionalmente maduro.

Quizá uno de nuestros errores educativos contemporáneos consiste precisamente en haber adelantado la exposición de nuestros hijos al mundo adulto sin adelantar proporcionalmente su capacidad para comprenderlo: Les damos acceso antes de darles criterio, les damos libertad antes de enseñarles responsabilidad, les damos información antes de enseñarles discernimiento, les exigimos autonomía mientras, paradójicamente, les resolvemos muchas de las consecuencias de sus actos. Y después nos sorprendemos cuando aparecen conductas que no sabemos explicar.


¿Qué estamos formando?

Esta pregunta puede resultar incómoda particularmente a quienes trabajamos en educación, porque durante mucho tiempo hemos hablado de competencias. Competencia comunicativa, competencia matemática,competencia digital, pensamiento crítico, creatividad, ciudadanía, etc. Pero quizá necesitamos volver a una pregunta mucho más elemental: ¿Qué clase de persona estamos ayudando a formar? Un adolescente puede tener excelentes calificaciones y carecer de empatía, puede dominar herramientas digitales y no comprender los límites de la intimidad, puede argumentar brillantemente y no saber reconocer el daño que produce, puede conocer sus derechos y desconocer sus responsabilidades, puede ser capaz de cuestionar a un adulto, pero incapaz de respetar a otro adolescente, puede saber muchísimo y, al mismo tiempo, no saber convivir, y aquí aparece una diferencia fundamental: educar no es simplemente aumentar capacidades. Es también orientar esas capacidades hacia el bien propio y el de los demás.

La UNESCO recuerda que la violencia escolar no se limita a lo que ocurre dentro de un salón. Incluye situaciones que ocurren en el entorno de la escuela, en el trayecto hacia o desde ella y también en los espacios digitales. Además, señala que puede ser ejercida por estudiantes, docentes u otros integrantes de la comunidad educativa. Por eso sería un error pensar que el problema del Liceo Naval pertenece exclusivamente a un bus, a un grupo de adolescentes o a una institución. El aula es solamente una parte de un ecosistema mucho más grande.


La familia tampoco puede mirar desde la tribuna

Hay algo políticamente incorrecto —y quizá pedagógicamente necesario— que debemos decir: educar hijos no consiste únicamente en garantizarles bienestar. También implica poner límites, enseñarles a tolerar la frustración, decirles que no, enseñarles que una broma puede convertirse en humillación, explicarles que el consentimiento importa, hablar de sexualidad sin tabúes, pero también sin convertirla en un asunto exclusivamente biológico, preguntar qué contenidos consumen, saber quiénes son sus amigos, conocer qué ocurre en sus grupos de WhatsApp, hablar sobre pornografía, hablar sobre violencia, hablar sobre masculinidad, hablar sobre presión de grupo, hablar sobre respeto, y, sobre todo, hablar antes de que ocurra una tragedia.

UNICEF sostiene que madres, padres y docentes tienen la responsabilidad de acompañar a los adolescentes durante su tránsito hacia la madurez y plantea que hogar y escuela deben constituirse en entornos de cuidado, protección y estimulación positiva, con reglas claras y coherentes. Eso significa que la participación de la familia no puede reducirse a asistir a reuniones, pagar pensiones o revisar notas. La pregunta debería ser: ¿Qué conversaciones educativas estamos teniendo en casa? Porque si la escuela habla de respeto durante una hora de tutoría, pero el adolescente vive en un entorno donde la violencia, la humillación o el machismo se normalizan, el mensaje educativo pierde fuerza, si el colegio enseña autocontrol, pero en casa todo conflicto se resuelve mediante gritos, ¿qué modelo terminará imponiéndose?, si hablamos de respeto a la intimidad, pero los adultos comparten fotografías de sus hijos sin preguntarles, ¿qué estamos enseñando?. La educación no solamente ocurre cuando hablamos, también ocurre cuando nuestros hijos nos observan.


Pero tampoco podemos absolver a la escuela

Que la familia tenga responsabilidad no significa que la institución educativa quede exonerada, todo lo contrario. Una escuela no es únicamente un lugar donde se dictan clases, es una organización responsable de generar condiciones de seguridad, convivencia y protección. Y en este punto, lo ocurrido en el Liceo Naval obliga a hacer preguntas muy serias.

La Defensoría del Pueblo señaló que resulta preocupante la presunta falta de atención oportuna de la institución pese a alertas formuladas por padres de familia. Además, pidió investigar las responsabilidades administrativas correspondientes y recordó que la prevención y atención de la violencia escolar requieren una gestión adecuada de la convivencia. Esto cambia la naturaleza de la discusión. Ya no hablamos solamente de lo que supuestamente hicieron determinados estudiantes, tenemos que preguntar también: ¿Qué señales existieron antes?, ¿Quién las recibió?, ¿Quién debía actuar?, ¿Qué protocolos estaban vigentes?, ¿Se aplicaron?, ¿Quién supervisaba?, ¿Qué ocurrió con los adultos responsables del traslado?.

No corresponde responder estas preguntas desde las redes sociales. Corresponde investigarlas. Pero sí corresponde formularlas, porque una institución educativa no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Tenemos protocolos, pero ¿Tenemos cultura de prevención? Esta es otra de las grandes paradojas del sistema educativo. Tenemos normas, tenemos protocolos, tenemos plataformas, tenemos comités, tenemos responsables de convivencia, tenemos tutoría, tenemos psicólogos —aunque insuficientes en muchas instituciones—, tenemos rutas de atención.

El Minedu actualizó en 2025 los protocolos para la atención de situaciones de violencia en instituciones educativas, incluyendo acoso, bullying, ciberbullying y otras formas de violencia. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Por qué seguimos llegando tantas veces después del daño? El problema puede no ser exclusivamente la ausencia de normas, puede ser la distancia entre la norma y la cultura institucional. Una escuela puede tener un protocolo impecablemente redactado y, sin embargo, carecer de una cultura de prevención, puede tener un Comité de Gestión del Bienestar y no haber construido realmente una comunidad protectora, puede tener un psicólogo y utilizarlo fundamentalmente para atender emergencias, puede realizar tutorías y reducirlas a actividades administrativas, puede hablar de convivencia sin enseñar realmente a convivir.

El Consejo Nacional de Educación informó en 2025 que, durante el año anterior, se habían reportado 19 642 casos de violencia escolar en el sistema SíseVe; de ellos, 52 % correspondió a violencia psicológica y 27 % a violencia sexual. El propio CNE planteó fortalecer la educación socioemocional y trabajar el rol de las familias como parte de una estrategia integral. No estamos frente a un episodio aislado, estamos frente a un problema educativo y social.


El estudiante no es solamente víctima ni solamente problema

Hay otro extremo que también debemos evitar. En el intento de proteger a los adolescentes, a veces hemos desarrollado un discurso en el que el estudiante aparece exclusivamente como víctima de las circunstancias. Y sí: los adolescentes necesitan protección. Tienen derechos, necesitan ser escuchados, necesitan adultos que comprendan su etapa de desarrollo. Pero protegerlos no significa quitarles toda responsabilidad moral sobre sus actos, precisamente porque estamos educándolos. Un adolescente no es un adulto pequeño, pero tampoco es un objeto pasivo sobre el cual todos los demás deciden. Está desarrollando su autonomía y educar esa autonomía significa enseñar que cada acción tiene consecuencias. La disciplina no debería confundirse con autoritarismo, pero tampoco la protección debe confundirse con permisividad, la crianza respetuosa no significa ausencia de límites, la participación estudiantil no significa que todas las decisiones deban someterse a la aprobación del estudiante. El diálogo no elimina la autoridad, la transforma.

Necesitamos recuperar una autoridad educativa que no se base en el miedo, pero tampoco en la renuncia de los adultos a ejercer su responsabilidad.


¿Hasta dónde puede llegar la autoridad de la escuela?

Aquí aparece otra discusión que pocas veces queremos abordar de frente: ¿qué puede hacer realmente una institución educativa cuando un estudiante transgrede gravemente las normas de convivencia? Porque una cosa es lo que esperamos de una escuela y otra, bastante diferente, es el margen de acción que el ordenamiento jurídico le permite. El marco peruano ha evolucionado hacia un modelo de protección integral de niños y adolescentes. Eso es necesario y constituye un avance. La escuela no puede responder a una conducta problemática vulnerando la dignidad, integridad física o psicológica o los derechos fundamentales del estudiante.

El Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU, que establece los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar y la prevención y atención de la violencia, define las medidas correctivas como acciones orientadas a modificar comportamientos inadecuados respetando la dignidad y los derechos de los estudiantes. Pero aquí aparece una tensión que merece ser discutida.

¿Qué sucede cuando la conducta de un estudiante es tan grave que la respuesta estrictamente formativa parece insuficiente para proteger al resto de la comunidad educativa?

El propio Ministerio de Educación ha señalado que las medidas correctivas deben ser claras, oportunas, reparadoras y formativas. Y ha advertido expresamente que medidas punitivas como la expulsión de estudiantes involucrados como agresores en situaciones de bullying contravienen el enfoque normativo y pedagógico establecido. La pregunta, entonces, no debería ser si debemos regresar a una escuela autoritaria. Nadie está proponiendo eso, la pregunta es otra:

¿Hemos construido un sistema capaz de proteger simultáneamente los derechos del estudiante que transgrede y los derechos de los estudiantes que deben convivir con él?

Porque también existe un derecho a aprender en un ambiente seguro, también existe un derecho a no ser víctima de violencia, también existe un derecho a la integridad y también existe un derecho de las familias a confiar en que la institución educativa está en capacidad de proteger a sus hijos. Aquí aparece una paradoja que deberíamos discutir sin miedo.

Le pedimos al director que garantice la seguridad de todos, pero ¿le hemos dado realmente las herramientas para actuar cuando un estudiante representa un riesgo para los demás? El problema no es que existan derechos, el problema sería construir una interpretación de esos derechos en la que la autoridad educativa termine paralizada porque una escuela sin autoridad no es necesariamente una escuela democrática, puede ser, simplemente, una escuela que ha renunciado a ejercer una de sus responsabilidades fundamentales: poner límites cuando es necesario. Y poner límites no significa castigar por castigar, significa proteger, significa establecer consecuencias, significa reparar el daño, significa impedir que una conducta grave se repita, significa acompañar al estudiante que transgredió, pero también proteger a quienes fueron afectados.

Por eso necesitamos discutir si nuestro marco de convivencia escolar requiere ajustes que permitan una respuesta más eficaz ante conductas graves y reiteradas, sin regresar a prácticas autoritarias ni vulnerar los derechos de niños y adolescentes. Entonces la pregunta incómoda sería:

¿Estamos protegiendo demasiado al estudiante que transgrede o estamos protegiendo poco a los estudiantes que cumplen las normas?


Quizá la respuesta no sea escoger entre uno y otro. Quizá el verdadero desafío sea construir una escuela capaz de proteger a ambos o quizá también hemos confundido derechos con ausencia de deberes. Durante las últimas décadas hemos avanzado —y debemos seguir avanzando— en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes, eso es indiscutible, pero hay una conversación que parece haberse quedado atrás: los derechos conviven con responsabilidades. Derecho a ser respetado implica responsabilidad de respetar, derecho a expresarse implica responsabilidad sobre lo que se expresa, derecho a la privacidad implica respetar la privacidad ajena, derecho a participar implica aprender a participar democráticamente, derecho a la educación implica también asumir compromisos con el proceso educativo.

No podemos formar ciudadanos si enseñamos derechos desconectados de responsabilidades y  esto debería comenzar mucho antes de la secundaria.


¿Y nosotros, los adultos?

Tal vez la pregunta más difícil no sea qué hicieron esos adolescentes, tal vez sea: ¿qué hicimos nosotros para llegar hasta aquí? Porque los estudiantes no inventaron solos el mundo en el que viven, aprendieron conductas, observaron modelos, consumieron contenidos, recibieron mensajes, escucharon conversaciones, imitaron comportamientos.

Fueron educados por familias, escuelas, redes sociales, influencers, videojuegos, televisión, amigos y una sociedad que muchas veces premia la agresividad, la humillación y la exposición permanente. No podemos pedirle a un adolescente que tenga un criterio que nunca nos tomamos el tiempo de ayudarle a construir, pero tampoco podemos justificar cualquier comportamiento diciendo que "son cosas de adolescentes". No. Precisamente porque son adolescentes, necesitan adultos presentes. Adultos que conversen, adultos que supervisen, adultos que pongan límites, adultos que escuchen, adultos que sepan decir "esto está mal", adultos capaces de sostener una norma aunque el estudiante se moleste, adultos capaces de reconocer cuando se equivocaron, adultos capaces de acompañar sin invadir y adultos capaces de entender que educar no consiste en caerle bien al estudiante.


El aula que necesitamos recuperar

Tal vez necesitamos recuperar algo que parecía antiguo y que, sin embargo, sigue siendo profundamente moderno: el sentido formativo de la escuela. La escuela no está para entretener permanentemente, no está para evitar toda incomodidad, no está para convertir cada aprendizaje en un espectáculo, no está para producir estudiantes permanentemente satisfechos; está para enseñarles a pensar, convivir, argumentar, equivocarse, corregirse, esforzarse, esperar, frustrarse, respetar, decidir y hacerse responsables. Eso significa que habrá momentos difíciles, habrá límites, habrá consecuencias, habrá conversaciones incómodas, habrá temas que no podremos delegar en Google, TikTok, YouTube o la inteligencia artificial.

Porque ninguna tecnología puede reemplazar una conversación humana sobre dignidad, consentimiento, respeto y responsabilidad y quizá aquí encontremos una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: Nunca nuestros adolescentes tuvieron tanta información, pero eso no significa que hayan recibido más formación. Nunca estuvieron tan conectados, pero eso no significa que sepan relacionarse mejor. Nunca pudieron acceder tan rápidamente al conocimiento, pero eso no significa que sepan discernir. Nunca pudieron comunicarse con tanta facilidad, pero eso no significa que sepan escuchar. Información no es criterio. Conectividad no es convivencia. Autonomía no es madurez.


Entonces, ¿en qué momento se jodió el aula?

No creo que exista una fecha. No ocurrió el 15 de septiembre, tampoco comenzó en el Liceo Naval y sería irresponsable atribuirlo exclusivamente a una generación de adolescentes. Quizá el aula comenzó a deteriorarse cuando dejamos de entender que educar es una responsabilidad colectiva, cuando la familia empezó a esperar que la escuela resolviera problemas que también le correspondían, cuando la escuela empezó a tener miedo de ejercer autoridad, cuando confundimos disciplina con autoritarismo y permisividad con respeto, cuando convertimos los derechos en discursos sin responsabilidades, cuando confundimos información con conocimiento, cuando confundimos conocimiento con sabiduría, cuando empezamos a considerar que un adolescente "despierto" es necesariamente un adolescente maduro, cuando permitimos que las redes sociales educaran sin acompañamiento, cuando dejamos de hablar de sexualidad hasta que apareció un problema, cuando hablamos de violencia después de que ocurrió, cuando las instituciones aprendieron a llenar protocolos, pero no siempre a construir culturas de prevención y cuando los adultos empezamos a olvidar que los niños y adolescentes no necesitan adultos perfectos; necesitan adultos presentes.


La pregunta que queda

El caso del Liceo Naval tendrá que seguir su curso judicial y administrativo. La presunta víctima necesita protección, atención integral y garantías para continuar sus estudios en un entorno seguro, como ha señalado la Defensoría del Pueblo. Los adolescentes investigados tienen derecho al debido proceso y a que se determine individualmente su eventual responsabilidad. La institución educativa debe responder por aquello que corresponda, las autoridades deben investigar y las familias deben acompañar. Pero nosotros, como sociedad, deberíamos hacer algo más. 


Deberíamos mirarnos al espejo.

Porque si después de cada tragedia solamente buscamos culpables, probablemente volveremos a encontrarnos con otra tragedia.  Necesitamos buscar también causas, patrones, omisiones, silencios, normalizaciones, modelos de crianza, culturas escolares y formas de entender la adolescencia. Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntar únicamente: "¿Qué les pasa a los adolescentes?" y empezar a preguntar: "¿Qué les estamos enseñando?" Y todavía más: "¿Qué les estamos enseñando con lo que hacemos?" Porque al final, el aula no comienza cuando suena el timbre, comienza mucho antes, comienza en casa, continúa en la escuela, se amplifica en las redes, se refuerza en el grupo de amigos, y termina convirtiéndose en la sociedad que tendremos mañana. Por eso la pregunta de Zavalita adquiere una nueva dimensión. No se trata solamente de saber en qué momento se jodió el aula, la pregunta verdaderamente educativa es otra:

¿Estamos todavía a tiempo de reconstruirla? y, sobre todo: ¿estamos dispuestos los adultos a asumir la parte que nos corresponde?



Fuentes consultadas:

 
 
 

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